A la par que la Junta de Castilla y León está elaborando su Plan Director de Promoción Industrial para el período 2016-2020, sometido a consultas ante distintas mesas institucionales (Diálogo Social, CES…), los agentes económicos y sociales abulenses (CONFAE, CC. OO. y UGT), estamos impulsando un Plan de Industria para Ávila y su provincia, desde los Consejos de Diálogo Social que constituimos con Ayuntamiento de Ávila y Diputación.

            Dejando a un lado las incertidumbres que nos asaltan cuando echamos la vista atrás y recordamos tantos planes estratégicos, de Desarrollo o de Implantación Industrial, que apenas se han materializado tras tantos años, consideramos que ha llegado el momento no sólo de persistir con unos mayores niveles de exigencia en nuestras reivindicaciones, también de reclamar a nuestros representantes políticos de todos los ámbitos, colores, poderes y administraciones, que se impliquen con compromiso y den la cara por  Ávila, poniendo freno al “vapuleo” que nos aplican por pasiva aquellos a quienes industrialmente les va muy bien porque están cómodamente instalados en el eje industrial que vertebra, eso sí, sólo una parte de la Comunidad, dejando a la periferia abandonada a otras suertes.

            Y es que el borrador del Plan Director Industrial de Castilla y León contempla unos fondos para el periodo 2016-2020 de 646 millones de euros, de los que nada menos que 309 millones se destinarán a financiación, 241 a actuaciones sectoriales específicas, 41 millones a generar entornos industriales y 25 más a innovación y digitalización, como capítulos más relevantes. De estos recursos, 176 millones se gastarán a lo largo de este año 2016.

            Con esta estructura presupuestaria se pretende que la industria manufacturera regional se afiance en 2020 en el 20% del Valor Añadido Bruto (VAB). Hay que tener en cuenta que a finales de 2015 la industria manufacturera representaba el 16,7% del VAB en Castilla y León, poco más del 13% en el caso de la provincia de Ávila.

            Los datos sobre Convergencia económica de Ávila respecto de Castilla y León, de España y de Europa, son también dignos de reseñar por su carácter negativo. A 31 de diciembre de 2013, sobre unos valores de 100 de la UE-28, España converge con 91 puntos, nuestra autonomía con 87 de media, y Ávila con tan sólo 73 puntos; de ello, del escaso peso de nuestro comercio exterior (1,1% sobre Castilla y León), y del alto índice de desempleo que padece nuestra provincia (casi un 24% frente a una media autonómica de 18,49%), extraemos la conclusión, tan consecuente como tajante, de que nuestra provincia precisa de masa industrial.

            Y es que todos recordamos la influencia poderosa que en la subida del paro en Ávila tuvo la deslocalización de una gran empresa, deslocalización que en aquel momento no se evitó y que después tampoco se compensó con la aplicación de protocolos de reindustrialización, alternativa que sí se contempla en el nuevo Plan Director Industrial y que ha de tenerse en cuenta por la autonomía a la hora de administrar prioridades y consignar recursos.

Así pues, contamos con un marco regional de medidas y presupuestos y es preciso que afinemos capacidades de propuesta y de presión para que la provincia de Ávila alcance los indicadores de crecimiento y convergencia industrial, y en esta dirección,  creemos debe ir el Plan industrial que finalmente cierren y hagan suyo las instituciones abulenses, siendo preciso diseñar programas específicos de fomento industrial que impulsen actividades productivas prioritarias y recursos endógenos, utilizando las rutas que marcan los propios ejes de competitividad del Plan regional en torno a la dimensión del tejido industrial, la innovación, la internacionalización y la diversificación; explotando a su vez sectores con la potencialidad de la agroalimentación, la automoción y sus componentes, el medio ambiente y la industria cultural, por poner ejemplos muy claros.

            Pero es preciso reiterar que en el objetivo de la industrialización la Junta ha de desempeñar un papel fundamental, y no solo por cuanto tiene capacidad para tutelar y direccionar inversiones e incluso para participar directamente en sociedades mixtas; también porque a través del Plan Director regional instrumenta herramientas de vitalización fijando estrategias regionales, políticas de incentivación, sectores industriales prioritarios y actuaciones sectoriales específicas, entroncadas en algunos casos con la propia ordenación del territorio.

Mención específica merece también en tan citado plan regional la puerta que se abre para la creación de áreas de inversión territorial integradas (ITIs), que pueden erigirse en auténticas políticas de cohesión y que llevan aparejados Fondos FEDER y FSE, constituyéndose en un auténtico bastión para la industrialización al propiciar desarrollo local guiado por la UE, permitiendo que sus estados miembros y sus autonomías combinen financiación entre varios ejes prioritarios de uno o más programas operativos, proyectando ámbitos de industrialización mejor dimensionados e incluso transversales desde un punto de vista sectorial.

            Con todo ello, se puede forjar un trabajo excelente a través del  Plan Industrial emanando de las instituciones abulenses y de su incardinación en el Plan Director Industrial de Castilla y León, , asentado en pilares como los sectores agroalimentario, la automoción, el transporte, la logística, los call center, la economía digital o la industria 4.0 entre otros; completando el escenario con recursos como el suelo industrial, el Cylog, la comercialización de la oferta, la atracción de inversiones, y el desarrollo de las capacidades tecnológicas y de la transferencia de conocimiento.

            Por eso es preciso, para concluir, que se produzca una auténtica voluntad del gobierno regional para hacer comunidad también en materia industrial, aunque sólo sea en aras del equilibrio territorial y del desarrollo homogéneo que sustenta en parte la existencia de las autonomías.

            De tal forma, el Plan Director regional debe contar con un desglose presupuestario que se base en prioridades de industrialización y de reindustrialización, que atenúe tendencias desequilibradoras, y que instaure medidas de seguimiento y corrección para que en el año 2020 no sólo Castilla y León sino todos y cada uno de sus territorios, alcancen el umbral del 20% de incidencia de su industria en el VAB.

Juan Saborido

Presidente de CONFAE