Ante el anuncio realizado por dirigentes de la Junta de Castilla y León de la devolución que se hará a camiones de más de 7,5 toneladas, autobuses de más de ocho plazas y taxis, de la mitad del denominado ‘céntimo sanitario’, como medida para compensar el gravamen que supone la implantación de este nuevo impuesto, CONFAE respalda el rechazo manifestado por CECALE a la medida, por considerarla insuficiente.

En el caso de nuestra provincia, ya el 11 de enero, nos hicimos eco a través de un comunicado de la oposición a dicha medida por los perjuicios que entraña para el sector de las Estaciones de Servicio de la provincia de Ávila. Pues bien, desde la Asociación Provincial de Estaciones de Servicios de nuestra Confederación, insisten en que el denominado ‘céntimo sanitario” no hará sino perjudicar al volumen de negocio de este colectivo empresarial que se nutre en gran medida del sector del transporte pesado, que ante medidas como la anunciada, lógicamente, tratarán de aprovisionarse en otros lugares en los que el precio de los combustibles sea más asequible, lo que supondrá un duro golpe para este sector.

 

Desde la Federación de Transporte de Ávila integrada igualmente en la patronal abulense, el rechazo y la oposición es aún mayor,  sencillamente porque no hace sino incrementar aún más el ya de por sí desorbitado precio del gasóleo. En su opinión, la  medida es, se mire por donde se mire, “la puntilla que le faltaba al sector para que acaben todos cerrando”.

 

A ello, se añade el malestar, de otro sector, el de las Autoescuelas, igualmente integrado en nuestra Organización, y formado de micropymes, que verá incrementarse la factura de sus costes fijos.  Precisamente, el  combustible es uno de ellos, y en su caso, no ven viable ni operativo el tener que trasladar su flota de vehículos a otras comunidades o provincias para aprovisionarse de combustible.

En la misma situación se verán otros sectores empresariales como el de la Construcción, la industria, la Alimentación y cualesquiera que dispongan de algún tipo de flota de vehículos para desarrollar su actividad.

 

Y es que como recuerda CECALE, en el delicado momento económico y social que padece la sociedad castellana y leonesa y, más concretamente, el tejido productivo de la Comunidad Autónoma, que la implantación del llamado “céntimo sanitario” no es una medida oportuna. Bastante carga fiscal soporta la ciudadanía como para hacer frente a este recargo que, además, no se trata de un céntimo, sino que el precio de los carburantes se verá incrementado en Castilla y león casi cinco céntimos en litro, después de las subidas generales soportadas durante todo el año anterior. Por otra parte, desde la patronal no se cree que los fondos procedentes de este incremento en los precios sean suficientes para asegurar los costos asumidos por el sistema sanitario regional

 

El desacierto de la medida se considera desde un planteamiento general ya que, en realidad, se trata de un nuevo impuesto al consumo, que pagaríamos especialmente los ciudadanos de Castilla y León, si bien es cierto que de forma encubierta. Y, lo más grave, se va a aplicar únicamente sobre el territorio castellano y leonés, lo que implica una quiebra del principio de unidad fiscal y un tremendo agravio comparativo para con el resto de los ciudadanos españoles.

 

Desde CECALE y CONFAE se considera que tal medida, lejos de paliar el problema, generará otros nuevos. Además del problema jurídico aludido, este incremento en el precio de los carburantes redundará en su consumo y tendrá repercusiones directas sobre otros muchos sectores, tales como el IPC regional, con su consecuente influencia en la negociación salarial, en el sector transporte o en el turismo interior.

Por otra parte, la medida causará un tremendo conflicto en las empresas suministradoras de carburantes, especialmente en las asentadas cerca de los límites regionales, cuando los consumidores “huyan” hacia las de otras comunidades autónomas. Se producirá un suministro incontrolado a nuestras gasolineras amén de afectar seriamente a la competitividad de las implantadas en el territorio regional. Sus efectos sobre el sector serán similares a los causados por las “vacaciones fiscales” pretendidas por algunas de las CC.AA limítrofes y que ya han recibido el rechazo incluso de organismos internacionales.

 

Además de las empresas suministradoras, el sector del trasporte será seguramente el más afectado, especialmente el de los pequeños empresarios y los autónomos. El nuevo anuncio de que determinados empresarios de este sector tendrán una bonificación en este “céntimo” paliará en parte esa repercusión inmediata pero no servirá para anular esos resultados negativos sobre el propio sector y, claro está, sobre el conjunto de la economía regional.

 

Por otra parte, tal y como hemos reiterado las organizaciones empresariales, los problemas que la medida pretende solventar pudieran encontrar mejores soluciones con otras iniciativas públicas basadas en la gestión, en la externalización hacia la empresa privada de determinados servicios, independientemente de cuestiones de índole política como la financiación de las CC. AA. y los servicios que deben prestar por las competencias asumidas, la reforma de la asistencia sanitaria y la racionalización del gasto público, que va desde hacer más efectiva su gestión, como tomar medidas para promover el uso adecuado y racional de los servicios públicos.