En el marco de la reunión que en el día de ayer mantuvieron representantes de CECALE con la nueva delegada del Gobierno en Castilla y León, el presidente de CONFAE, Juan Saborido, ha entregado a Virginia Barcones un documento en el que, además de repasar lo ocurrido con los peajes de Villacastín y San Rafael a raíz de la sentencia europea de 2010, se pide una respuesta vinculante, efectiva y ejecutiva por parte de la Administración central.

La Confederación Abulense de Empresarios pide así a Barcones que intervenga para que el Gobierno de España exprese su posición oficial y aclare cómo va a ejecutar tanto la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como las directrices que sobre el cumplimiento de dicha sentencia dio en su momento el Gobierno de Europa.

Ante el cúmulo de informaciones, desinformaciones e interpretaciones que suelen rodear este asunto, el Gobierno central tiene que tomar una decisión sobre los peajes de las autopistas afectadas por la sentencia. En este sentido, se pide a la delegada de Castilla y León que no obvie los planteamientos razonados para la supresión de un pago que lastra la comunicación entre Ávila y Madrid por carretera.

CONFAE, al igual que las administraciones y otras instituciones de Ávila, ha venido defendiendo que la comunicación por la A-6 con Madrid debe ser gratuita, al igual que lo son otros muchos accesos con la capital de España por vías de alta capacidad desde distintos puntos de nuestro país.

Una reclamación que la Confederación viene realizando desde 1999, cuando se posición en contra de la intención del Ministerio de Fomento de prorrogar la concesión y la consiguiente exacción del peaje. Entonces también se mandó un escrito al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, para pedir, por un lado, la mejora de la carretera de El Espinar y, por otro, la reducción de las tasas por peaje y su limitación en el tiempo. En esta misma línea de oposición a los peajes se ha posicionado CONFAE a lo largo de distintas contiendas electorales de los últimos años a través de propuestas a los partidos políticos.

Estas mismas reivindicaciones se han efectuado en varias ocasiones ante anteriores subdelegados del Gobierno en Ávila –como José Luis Rivas o María Ángeles Ortega-, y se volverán a expresar en una próxima reunión que CONFAE quiere mantener con la nueva persona que ocupa esta responsabilidad en la provincia, Arturo Barral.

Por otra parte, la reunión celebrada ayer, en Valladolid, con la delegada del Gobierno en Castilla y León ha servido para que la patronal regional expresara su preocupación por la elevada carga fiscal que soportan las empresas y la excesiva presión inspectora por parte de Hacienda –lo que provoca deslocalizaciones y pérdida de competitividad-, más allá de la disposición de las empresas para cumplir la ley, como no puede ser de otra manera. También se reclamó una mayor simplificación administrativa y el cumplimiento de la Ley de Unidad de Mercado.

Se ha insistido en la importancia de hacer comunidad para seguir luchando contra la despoblación, uno de los principales problemas de Castilla y León, y para reivindicar ante el Gobierno de España la igualdad entre territorios. También se ha pedido una mayor fluidez de comunicación entre la Administración central y el tejido empresarial en temas económicos y normativos. Por último, se ha solicitado el apoyo del Gobierno a la Cumbre Hispano-Lusa, que se prevé en Tordesillas, con una alta participación empresarial..