Desde la Confederación Abulense de Empresarios queremos manifestar nuestro rechazo a los cambios habidos en la ley de la Seguridad Social aprobados recientemente por el Gobierno.

Estas modificaciones supondrán el incremento de las cotizaciones sociales para autónomos y pymes. Así como la obligación de computar nuevos conceptos, también salariales, que hasta la fecha estaban exentos y que tendrán un coste para empresarios y trabajadores; a partir de ahora se limita la exención por cotizar determinados gastos como el transporte, vales de comida, primas de seguros de salud, servicios de guardería, indemnización por fallecimiento, prestaciones de la Seguridad Social, horas extraordinarias, entre otros conceptos. Se suprime la cobertura del FOGASA en caso de extinciones de contrato por causas objetivas en pymes de menos de 25 trabajadores; eliminando así la solidaridad impulsada por los agentes económicos y sociales para adaptar las estructuras empresariales en tiempos de dificultad. Asimismo, desaparece la posibilidad de aplazar el pago de las retenciones del IRPF de trabajadores y profesionales tan necesaria en el día a día de una pyme, más aún, cuando han de soportar y padecer el impago y la morosidad, en especial, del sector público.

Aunque el Gobierno ha argumentado que con estas medidas pretende garantizar la sostenibilidad del sistema y favorecer la transparencia y la igualdad, por la vía del incremento en la recaudación, lo cierto es que puede que a corto plazo ingrese más dinero, pero esas cantidades no sanearán el sistema cuando al mismo tiempo dificultarán la creación de empleo y retrasarán la tan necesaria recuperación económica.

Más aún cuando el principal problema de nuestro país es el desempleo, y según las previsiones, del propio Gobierno, del Fondo Monetario Internacional o del Banco de España, lo seguirá siendo durante todo el 2014 con una tasa de paro por encima del 26 %, que no bajará del 22,9% hasta el 2018.

Con este panorama no se entiende que el Gobierno apruebe medidas de esta naturaleza que perjudican la creación de empleo desde la parte más vulnerable del tejido empresarial: las pymes y los autónomos, además estas decisiones aumentan los costes sociales y empresariales, y suponen un paso atrás en la competitividad de las empresas. En resumen, a partir ahora, dicho de manera coloquial, el empresario pagará más y el trabajador cobrará menos.