La Confederación Abulense de Empresarios se ha dirigido en los últimos días a los empresarios de Ávila para informarles de las actuaciones que se vienen llevando a cabo desde que se conociera la emisión, por el Consorcio de la Zona Norte, del recibo correspondiente al segundo semestre de 2012 por la nueva Tasa por Prestación del Servicio de Tratamiento y Eliminación de Residuos. CONFAE ha mostrado desde el principio una postura crítica y contraria a la nueva tasa, no sólo porque segrega la tasa de Recogida de Basuras incorporando un elemento de inseguridad jurídica desde el punto de vista de la tributación local, sino también por cuanto supone de aumento de la presión fiscal que, por el concepto de recogida de basuras y sus derivados, incluidos de tratamiento y reciclaje, equivale a unos incrementos que van desde el 30% hasta más del 50% según el tipo de actividad empresarial. Tributación que es aún más elevada si tenemos en cuenta que hay actividades económicas que obligan a las empresas a contratar servicios añadidos con gestores de residuos autorizados, pagando incluso el denominado Punto Verde por el reciclaje de los envases y embalajes, así como otras tributaciones complementarias si los empresarios desarrollan más de una actividad en un mismo local. Ante esta concatenación de tributos y cúmulo de despropósitos, y después de hacer un análisis riguroso de los efectos económicos que la nueva tasa comporta para las actividades empresariales generalmente implantadas en Ávila, CONFAE dio a conocer su postura tajantemente opuesta a la tasa, en rueda de prensa convocada para el 7 de abril; enviando posteriormente al alcalde de Ávila y a los partidos políticos con representación municipal dichos estudios analíticos sobre la repercusión de la tasa, especificando además la cuantía de las tasas que por recogida de basuras, reciclaje, y envases y embalajes, abonan ya los empresarios abulenses en función de su actividad. Este conglomerado impositivo ha originado igualmente que distintas federaciones y asociaciones integradas en CONFAE, como las de Talleres de Reparación, Hostelería, Comercio y Servicios, hayan hecho expresión, por distintos medios, de su malestar y de la postura contundentemente contraria a la tasa que venimos defendiendo; que no hace sino agravar la carga impositiva y fiscal de las empresas, poniendo una traba más a su viabilidad y a los esfuerzos que tantas pymes y autónomos están haciendo por sobrevivir. A resultas de todo ello, y aun valorando en su justa medida las declaraciones recientes del alcalde de Ávila, anunciando medidas para bonificar dicha tasa, por cuanto suponen de gesto sensible hacia la elevada carga tributaria que soportan las empresas y por cuanto llevan implícita de alguna manera que la fiscalidad municipal ha de ser revisada; CONFAE sigue considerando que la tasa ha de ser definitivamente eliminada, sin que por ello pierda ni vigencia ni capacidad recaudatoria la actual tasa de basuras, que por cierto en algunos de los últimos años ha experimentado incrementos superiores al IPC, y con ella se amparaba el mismo nivel de servicios que se dan en la actualidad, aunque ahora se pretendan dividir, añadiendo una nueva exacción so pretexto de una gestión medio-ambiental que consideramos se ha venido realizando en los últimos años, desde que es legalmente exigible En consecuencia, y a la vista de los antecedentes de que se ha hecho expresión, CONFAE entiende que es oportuna la interposición de Recurso de Reposición contra la liquidación de la Tasa, al considerar que la misma es contraria a Derecho partiendo de argumentos como los siguientes. En primer lugar, porque, en la regulación de los elementos cuantitativos de las tasas, la ley exige que su importe se fije tomando como referencia el valor de mercado real o previsible por la prestación del servicio que es objeto de la tasa, exigencia que, a nuestro juicio, no se cumple en este caso. En segundo lugar, porque, para cumplir la exigencia anterior, la ley requiere la previa existencia de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste del servicio a prestar; informes cuya existencia y rigor tampoco aparece suficientemente claro. En tercer lugar, porque en la configuración de esta tasa se han introducido criterios más propios de un impuesto. En cuanto que no se toma en consideración el volumen de residuos generados (cuya gestión es el servicio a cubrir con esta tasa), sino más bien el uso y superficies catastrales de los inmuebles, datos que nada dicen respecto de la mayor o menor generación de residuos sólidos y que, por el contrario, dicen mucho de la arbitrariedad, irracionalidad y de falta de proporcionalidad con la que se ha llegado a establecer el importe de la tasa, generando situaciones injustas y desproporcionadas. En cuarto lugar, ejemplos de esa irracionalidad y falta de proporcionalidad en la fijación de las cuantías de la tasa resultan evidentes desde el momento en que no se tiene en cuenta el número de personas que ocupan la vivienda, ni la intensidad o características de los residuos sólidos generados en las distintas actividades industriales o comerciales, resultando ausente la conexión que debe existir entre el servicio a prestar y los criterios utilizados para determinar las cuantías de la tasa con la que se pretende cubrir el coste de dicho servicio. Aparece ausente, incluso, la adopción de alguna medida, dentro de la propia Ordenanza reguladora, que tienda a fomentar la reducción de residuos o el empleo de mejores tecnologías, ni se aplica el espíritu de que quien contamina paga, principios básicos de la normativa medioambiental. En quinto lugar, porque el tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos es un servicio de carácter general, como lo es el asfaltado y limpieza de las calles, el mantenimiento de las zonas ajardinadas, etc. Por tanto, no se justifica el establecimiento de una nueva tasa que va a afectar a la inmensa mayoría de titulares de inmuebles, residenciales o industriales, para, supuestamente, cubrir el coste de un servicio municipal de carácter general, que el Ayuntamiento ha prestado en condiciones similares durante mucho tiempo. En sexto lugar, abundando en lo anterior, la ley ya deja claro que en la determinación de los costes de gestión de los residuos domésticos por las Entidades Locales, deberá incluirse el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos. Como establece también que corresponde a las Entidades Locales, como servicio obligatorio, la recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas. Siendo ello así, habrá de tenerse en cuenta que ya existe una Tasa de Recogida de Basuras, girada por el Excmo. Ayuntamiento de Ávila, que a nuestro juicio integra ya todos y cada uno de los costes de gestión de los residuos (recogida, transporte, tratamiento, vigilancia de las operaciones y el mantenimiento y posterior cierre de los vertederos); y no ha de olvidarse tampoco que, de acuerdo con la ley, la responsabilidad de los productores u otros poseedores iníciales de residuos domésticos y comerciales, concluye, cuando los hayan entregado en los términos previstos en las ordenanzas locales y en el resto de la normativa aplicable. Para finalizar, queremos manifestar que desde la Confederación seguiremos trabajando incesantemente contra la implantación de esta tasa, que además de gravosa es extemporánea e incoherente, desde el momento en que somete a tributación un mero proceso vinculado a la recogida de basuras y por tanto incluido, desde nuestro punto de vista, en la propia Ordenanza de Recogida de Basuras; estimando complementariamente la improcedencia de que se convierta a los empresarios y ciudadanos abulenses, por un mero pacto entre administraciones, en sujetos pasivos del denominado Consorcio de la Zona Norte.